Nueva iniciativa del estado de Michoacán se les negarán cualquier solicitud de tramite a los deudores alimenticios
Por: Cinthya Guadalupe Flores Salazar
Michoacán. - Una nueva iniciativa, por parte del gobernador del Estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla. Personas que deban algún adeudo alimentario, se le niega a cualquier solicitud de trámite, ya sea licencias para conducir, permisos o constancias para pasaporte.
Esta nueva reforma es un acto de justicia social, materializando la lucha heroica de las mujeres, que alzan la voz para quienes exigen justicia.
Y se actualiza, mientras que se reconoce, el esfuerzo de décadas en la defensa de los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes.
Antecedentes de casos de violencia en contra de las mujeres en el estado
Se expuso que tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimentaria y que, de acuerdo con el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim), de 2021 a 2024 en Michoacán se registraron 7 mil 855 casos de violencia económica.
Modificaciones de artículos y leyes de la nueva reforma
Alfredo Ramírez Bedolla había presentado, con anterioridad, un nuevo paquete de reformas, en dónde. Desde el martes 25 de febrero, firmo y envió al congreso local para, realizar modificaciones a 50 artículos de 13 leyes y dos códigos.
Establecimientos obligatorios para los jueces y magistrales estatales
La iniciativa obligará, a que los jueces y magistrales estatales a dar conocer las altas y bajas del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
Además, en caso de que, quieran contraer matrimonio nuevamente, se debe de informar a los contrayentes que sea el deudor alimentario.
Negaciones a ocupaciones de cargos públicos
Expanden las negaciones, a las prohibiciones de personas a cargos públicos, que tengan antecedentes de violencia de género, procesos penales, deudas alimentarias, morosas o sanciones administrativas.
En caso de cualquier incumplimiento, deudores alimentarios podrán ser acreedores de tres a cinco años de prisión, y una multa de 100 a 400 Unidades de Medida y Actualización.