¡No más playas privadas en México! Multas para quien lo prohíba

La multa oscila entre los $260,640 pesos hasta $1,042,560 pesos

Las playas privadas en México pasan a la historia con la publicación del decreto que garantiza el libre acceso y tránsito en playas, así como las sanciones que superan el millón de pesos a quien infrinja la ley, en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

De acuerdo con el Decreto “se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Bienes Nacionales, para garantizar el libre acceso y tránsito en las playas”.

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En su artículo número 8 estipula que “el acceso a las playas marítimas y la zona federal marítimo terrestre contigua a ellas no podrá ser inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado salvo en los casos que establezca el reglamento”.

Este párrafo adicionado al artículo 8 de dicha ley, entra en vigor a partir del 22 de octubre de 2020.

De ahí que el artículo número 127 menciona que “en el caso de que no existan vías públicas o accesos desde la vía pública, los propietarios de terrenos colindantes con la zona federal marítimo terrestre deberán permitir el libre acceso a la misma, así como a las playas marítimas, a través de los accesos que para el efecto convenga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con los propietarios, mediando compensación en los términos que fije el reglamento. Dichos accesos serán considerados servidumbre, en términos de la fracción VIII del artículo 143 de esta Ley”.

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En caso de que concesionarios, permisionarios o personas autorizadas a aprovechar la zona federal marítima nieguen el libre acceso, serán acreedoras a una multa de entre 3 mil y hasta 12 mil veces la Unidad de Medida de Actualización (UMA), cuyo valor actual es de 86.88 pesos.

Lo anterior quedó estipulado en el artículo 154 de la Ley General de Bienes Nacionales, y en cifras normales representa una sanción monetaria que oscila entre los $260,640 pesos hasta $1,042,560 pesos.

En caso de reincidencia se revocarán los títulos de concesiones, permisos, autorizaciones y acuerdos de destino respecto del aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre.

Esta modificación fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados con el propósito de garantizar el acceso a las playas mexicanas.