Estado de México reconoce matrimonio igualitario
El 11 de octubre de 2022, después de varias semanas de deliberación, el Congreso del Estado de México aprobó la propuesta de reforma que reconoce ante la ley el matrimonio entre personas del mismo sexo. Tras 20 años desde la presentación de la primera iniciativa, se convirtió en la entidad número 29 en reconocer el matrimonio igualitario, en lo que supone un gran avance para las personas LGBTTTQIA+.
La diputada Anais Burgos, quien ha sido una portavoz importante de esta iniciativa y otras como el aborto legal declaró “Con la aprobación de este dictamen se ampliarán las oportunidades y derechos de las y los mexiquenses. Este triunfo no es de nosotras y nosotros como diputados, es de los cientos de colectivos, es de ustedes y para ustedes”.
En este mismo escenario, la diputada Juana Bonilla declaró en el pleno “cada Legislatura tiene su historia y hoy formamos parte de esa historia, al aprobar un dictamen que avanzó por la lucha de todos los colectivos de la comunidad LGBTTTIQ+ y por el cabildeo entre los grupos parlamentarios”.
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La Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG 2021) reveló que el 16% de personas que revelan a sus padres su orientación sexual no normativa son recibidos con molestia, agresiones, ofensas. Al 9.8% se le obliga a ir con psicólogos, médicos o autoridades religiosas para que pasen terapias de conversión. Las cifras ascienden a 22.2% y 13.9% en el caso de las personas trans. El 41.1% de personas cis hetero dicen estar en desacuerdo con que las parejas del mismo sexo contrajeran matrimonio, mientras el 56.2% está en contra de que se les permita adoptar infantes.
Aún queda mucho trabajo por hacer para llegar a la transformación deseada. Hasta entonces, los colectivos LGBTTTQIA+ continuarán alzando la voz por toda la comunidad, hasta que ser uno mismo sea parte de la cotidianidad, no un acto de valentía.
En Sinaloa, el matrimonio igualitario es reconocido desde el 15 de junio de 2021. A nivel nacional, los estados de Guerrero, Tabasco y Tamaulipas son los últimos que quedan en dar este paso en derechos humanos.
