El frío territorio suizo subió de temperatura aquel mayo de 2022. Iniciaban las actividades anuales del Foro Económico Mundial en Davos y una protesta inusual acaparó la noticia:un grupo de millonarios protestaba en la calle para demandar que los ricos, o sea ellos, paguen más impuestos. 

En la protesta estuvieron Marlene Engelhorn, activista social germano-austriaca, heredera de una fortuna familiar del consorcio BASF, la empresa química más grande del mundo. Y también figuró el ingeniero Phil White.

“Deberíamos reducir los niveles de riqueza. Y los gobiernos deberían imponer impuestos sobre la riqueza para reducir las desigualdades”, dijo entonces el británico en una entrevista. 

Las desigualdades económicas y fiscales

En la esfera económica y fiscal, no existe La Desigualdad sino las desigualdades. La más dolorosa de todas es, sin duda, aquella entre las personas en la que el 1 por ciento más rico de la población mundial posee más riqueza que el 99 por ciento. 

“La desigualdad amenaza el desarrollo social y económico a largo plazo, frena la reducción de la pobreza y destruye el sentido de realización y autoestima de las personas”, afirma Naciones Unidas.

También existe la desigualdad en el trato fiscal a las empresas. En un país como México, en el que el 99.8 por ciento son establecimientos Micro, Pequeños y Medianos, la “justicia” fiscal mide con el mismo rasero. 

En otras palabras, ganar dinero y generar empleo es muy caro para las Pymes de este país. El Impuesto Sobre la Renta y la llamada carga social son muy pesados para negocios pequeños, es decir, el 99.8 por ciento del país. El trato fiscal no es proporcional a su tamaño y capacidades.

La desigualdad de derechos y la progresividad fiscal

Otra desigualdad es la relacionada con los servicios que el Estado brinda a partir de los impuestos que cobra. 

Servicios médicos, seguridad pública, educación, electricidad, vialidad, por mencionar algunos, son temas que no evolucionan a la par que el cobro de impuestos. 

La Alianza por la Justicia Fiscal es una red de organizaciones e instituciones que ha creado una propuesta para alcanzar la progresividad fiscal en México.

Está centrada en los siguientes tres pilares. 

1. Fortalecer la progresividad de los impuestos sobre la renta y la propiedad.
2. Potenciar los impuestos ambientales.
3. Democratizar las decisiones de gasto.

“Creemos que es momento de impulsar una reforma fiscal que reduzca y repare las brechas de desigualdades, garantice derechos, fortalezca las instituciones públicas, e impulse el desarrollo sostenible de manera progresiva, justa y con perspectiva de género”, asienta la Alianza.

Hay una reflexión de la economista Kate Raworth, creadora del modelo de Economía Rosquilla, que me taladra en la cabeza desde hace tiempo. Y es que en esta vida es más reconocido por los sistemas fiscales la compra de cosas, que la generación de empleo para las personas. 

Analizando sobre cómo podría ayudar un diseño distributivo de la economía a evitar la segregación económica que la tecnología parece estar impulsando, la británica escribe:

“Un punto de partida obvio es pasar de gravar el trabajo a gravar el uso de recursos no renovables: ello contribuiría a erosionar la injusta ventaja tributaria de la que actualmente disfrutan las empresas que invierten en maquinaria (un gasto fiscalmente deducible) en lugar de hacerlo en seres humanos (pagando el correspondiente Impuesto Sobre la Nómina)”.

Quizá algo sucede en la nueva administración federal. De la mano del economista Gerardo Esquivel, actualmente la Comisión Independiente para la Igualdad con Justicia Fiscal trabaja en la promoción de las reformas necesarias para que el Estado mexicano tenga un sistema fiscal justo, equitativo y eficiente.

La progresividad toma impulso. 

Ese es el camino.