A más de un mes del inicio de los hechos de inseguridad en Culiacán y seis municipios de la zona centro y sur, que han trastocado parcial o totalmente las actividades: educativas, económicas, deportivas, culturales y recreativas, se deben analizar interesantes coyunturas, que en esta crisis pueden resultar en acciones conjuntas que sirvan para aportar propuestas y buscar soluciones.

La situación de la cual son responsables directos los grupos del crimen organizado se dio justo en el cambio de estafeta en la administración pública federal, el Congreso de la Unión que entró en funciones el 01 de septiembre y la toma de protesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el 01 de octubre. Con una agenda complicada que incluyó la discusión y aprobación de las reformas al Poder Judicial de la Federación y a la Guardia Nacional, y la presentación (08/Oct) por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, de la Nueva Estrategia Nacional de Seguridad, basada en cuatro ejes:

• Atención a las causas.
• Consolidación de la Guardia Nacional.
• Fortalecimiento de inteligencia e investigación.
• Coordinación absoluta en el gabinete de seguridad.

Lo anterior, tiene como marco la complicada situación que vive Sinaloa y otras entidades en materia de seguridad y su impacto a la gobernabilidad, entendida en su forma simple como el normal desarrollo de las actividades gubernamentales y de los ciudadanos, con sus componentes de “eficacia, legitimidad y estabilidad, en donde la sociedad y el gobierno generaran condiciones de gobernanza”, por lo que sin duda la inteligencia e investigación serán fundamentales para dar cauce a acciones que permitan la no repetición y abonar a la paz que todos anhelamos. 

En lo local, los acontecimientos se dan justo en el marco del análisis del presupuesto para el ejercicio 2025 en el Congreso del Estado de Sinaloa, destacando que en 2024 se destinaron para: la Secretaría de Seguridad Pública $858,245,977; la Fiscalía General del Estado de Sinaloa $1,072,402,046; el Supremo Tribunal de Justicia del Estado $756,337,289; la Comisión Estatal de Atención a Víctimas $26,806,861 y la Comisión Estatal de Búsqueda $44,994,995.

En cuanto al presupuesto público, a estas alturas cada una de las instituciones debe contar con un análisis de la situación y sus propuestas de mejora, los recursos presupuestales siempre serán insuficientes, ante lo cual los indicadores ofrecen un panorama claro de las prioridades y áreas de oportunidad para establecer mejoras graduales. En donde los operadores del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en Sinaloa deben de trabajar de forma conjunta, poniendo a las víctimas y sus derechos humanos por arriba de los delincuentes.

Para ver la magnitud, tomando como ejemplo al delito de Desaparición Forzada de Personas, en 2022 la impunidad fue del 98.93%; en donde la Fiscalía Especializada en la materia cuenta con 22 agentes del MP, desde la implementación del SJPA en Sinaloa en 2014 a 2022 se registraron 7,546 carpetas de investigación (se judicializaron 45 en 9 años, lo que representa el 0.59%). Es decir, en promedio cada MP atendió 343 carpetas, por lo que reforzar al MP y el personal de apoyo es una necesidad evidente, esta situación y la crisis forense que se está atendiendo con una importante inversión debe ser puestos como asuntos prioritarios.

En este contexto, es crucial considerar casos de éxito y modelos que nos ahorren la curva de aprendizaje, como el Sistema Cosmos de Querétaro considerado como ejemplo a nivel nacional, trasladar las buenas prácticas y el fortalecer a los operadores del SJPA en Sinaloa es fundamental. Cabe señalar, que la entidad cuenta con servidores públicos comprometidos y capaces, es momento también de escuchar esas voces desde su propia experiencia.

En esta conjunción, Sinaloa tiene grandes fortalezas construidas por décadas de trabajo de organismos desde la sociedad civil, mismos que han sido puestos como ejemplo nacional por el Instituto Para la Economía y la Paz, pilares entre los que destacan: el desarrollo sostenible, la inclusión y cohesión social, lo que debe ser valorado por las autoridades para sumar esfuerzos a fin de fortalecer otra de estas columnas que es el de contar con instituciones efectivas.

La sociedad civil y los ciudadanos de Sinaloa han demostrado en otras ocasiones y máxime en este momento, que la organización desde los colectivos de: búsqueda de personas, Culiacán Valiente, así como los representantes de los sectores productivos, empresariales, ciudadanos, de derechos humanos y deportivos, son indispensables, por lo que sus ideas y proyectos son aportes positivos en la construcción del estado de derecho y paz que merecemos.

Así entonces, es valioso el llamado ciudadano al diálogo, en la última semana con solicitudes a instancias federales en la Ciudad de México, así como las marchas y caravanas en Culiacán. La sociedad está convocando a una mesa de trabajo con autoridades, para construir panoramas más allá de la estadística oficial, con diagnósticos que permitirán ofrecer canales de trabajo conjuntos, es momento que las acciones se acompañen de planes de evaluación, la situación lo amerita, los ciudadanos lo demandan, la respuesta está en la cancha de las autoridades.

Fuentes consultadas:

Camou Antonio, Gobernabilidad y Democracia, México, Instituto Federal Electoral, 2013, pp. 15-24.

Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa, Desaparición Forzada de Personas. Diagnóstico Sinaloa 2023, México, Sinaloa, CG-CESP.

Cosmos, Sistema de Justicia Penal en Querétaro, México, en: https://cosmos.gob.mx/#gsc.tab=0

Instituto para la Economía y la Paz, Índice de Paz México, México, IE&P, 2024, en: https://static1.squarespace.com/static/5eaa390ddf0dcb548e9dd5da/t/66f4e7475d78640d228b11fa/1727326056124/MPI-ESP-2024-web.pdf 

Periódico Oficial El Estado de Sinaloa, Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa 2024.