Permitir que un enfermo de adicción se drogue en un espacio seguro podría resultar una idea que escandalice o asuste a muchos, pero es el tipo de innovaciones en materia de salud y narcotráfico que deberían al menos analizarse.

Este enfoque de salud pública se llama reducción de daños y en algunos países lo implementan para minimizar las consecuencias negativas del consumo de drogas, sin necesariamente exigir que las personas dejen de consumirlas. 

Su premisa no es la abstinencia, el “no lo hagas”. Más bien pretende atender los daños asociados, como la transmisión de enfermedades infecciosas, sobredosis y otras consecuencias sanitarias y sociales. Y sobre todo, atender a los enfermos en su dignidad en lugar de criminalizarlos. 

Los centros de consumo permitido suelen contar con personal médico y psicológico. Así, en el momento de una sobredosis intervienen los doctores y, al estabilizarlo, se canaliza a tratamiento psicológico para una rehabilitación voluntaria. Esto es, un cliente menos para el narcomenudeo.

“El término reducción de daños se refiere a las políticas, programas y prácticas orientadas a minimizar los impactos negativos del consumo de drogas y de las políticas públicas y leyes sobre drogas, tanto a nivel de salud, social y legal”, explica Harm Reduction International, organización civil cuya visión es un mundo en el que las políticas de drogas defiendan la dignidad, la salud y los derechos.  

“La reducción de daños se basa en principios de justicia y derechos humanos. Se centra en realizar cambios positivos y en trabajar directamente con las personas sin juzgarlas, coaccionarlas, discriminarlas ni exigirles que dejen de consumir drogas como condición previa para recibir apoyo”.

Algunas estrategias comunes de reducción de daños incluyen programas de intercambio de jeringas para evitar el uso compartido y reducir la transmisión de infecciones.

También existen las conocidas como terapias de agonistas opioide con las que se ofrecen alternativas seguras a opioides ilícitos, como metadona o buprenorfina, para prevenir sobredosis y estabilizar el consumo.

En algunos países existen las salas de consumo supervisado que son espacios seguros donde las personas pueden consumir drogas bajo supervisión médica, lo que reduce el riesgo de sobredosis y conecta a los usuarios con servicios de salud y también se practica la distribución de naloxona para revertir sobredosis de opioides, salvando vidas.

De acuerdo con el Reporte 2024 del Harm Reduction International hasta la fecha existen 108 países con políticas públicas de reducción de daños; 18 cuentan con salas de consumo y 94 dan terapias de agonistas opioide.

“Sin embargo, la criminalización y las respuestas punitivas a las drogas siguen siendo dominantes en la mayoría de los lugares. Estos enfoques socavan los esfuerzos de reducción de daños y siguen alimentando el estigma y la discriminación y disuadiendo a las personas que consumen drogas de buscar servicios vitales que les salven la vida. Esta contradicción clave debe abordarse para lograr avances significativos”, anota Harm Reduction International.

Innovar para resolver problemas complejos es fundamental en temas como las adicciones, donde los enfoques tradicionales a menudo han fallado. 

La reducción de daños desafía los prejuicios y apuesta por estrategias basadas en la dignidad, la salud y los derechos humanos. En lugar de juzgar o coaccionar, busca salvar vidas y mejorar la calidad de vida mediante intervenciones prácticas y seguras. 

Este enfoque abre la puerta a nuevas posibilidades, recordándonos que los problemas difíciles requieren soluciones audaces y humanas. La innovación, con un enfoque de ensayo y error, puede ser la clave para crear políticas de salud pública que realmente impacten.