La corrupción siempre ronda por ahí. Tanto en el conductor que comete una infracción y quiere evitarla con “mordida”, como en el servidor público que extorsiona a un empresario para aprobarle un permiso y este le da dinero. 

La más grave de todas, creo, es la de los gobernantes y sus principales funcionarios, porque, como dice Transparencia Internacional, corrupción es el abuso de poder confiado a alguien para obtener una ganancia privada.

La sociología define de manera similar: sacar provecho privado de los bienes públicos. 

Para el profesor de ciencia política en la Universidad de Melbourne y reconocido experto en el tema, Leslie Holmes, la corrupción es como una enfermedad social grave y extendida, que erosiona la confianza pública y obstaculiza el desarrollo económico y social. 

Luis Pérez de Acha, abogado sinaloense y destacado especialista en el estudio de este flagelo, describe el combate a la corrupción como abrir y cerrar una llave de agua: no solo es la persecución penal, sino “cerrar la llave”, es decir, eliminar las condiciones que hacen posible que fluya este delito.

El consenso es, pues, que la corrupción se previene, controla y sanciona. Y que, si no se hace esto, destruye la confianza, la cohesión social y el desarrollo social.

Las cuentas de la Fiscalía Anticorrupción de Sinaloa 

Para el caso de las sanciones penales, es decir, en el terreno de persecución del delito y la impunidad, la Fiscalía Anticorrupción de Sinaloa aún está muy lejos de tener una significancia relevante.

El Observatorio Ciudadano Anticorrupción recién presentó un análisis de las 32 fiscalías en la materia a nivel estatal más la federal. 

De los hallazgos de este estudio, que revisó los años 2022 y 2023, se desprende que la Fiscalía Anticorrupción de Sinaloa enfrenta, como dice el eufemismo, múltiples desafíos estructurales y operativos. 

En 2022 inició 11 carpetas de investigación y judicializó una. En 2023 abrió 19 carpetas más y llevó 5 ante el juez.

En ambos años no se registran sentencias condenatorias. 

La poca productividad puede explicarse, entre otras cosas, por la debilidad en el rubro de recursos humanos. Cuenta solo como 8 ministerios públicos y 4 policías investigadores, pero carece de peritos y analistas. Y el mismo presupuesto de casi 40 millones de pesos en ambos años.

Las eufemísticas áreas de oportunidad

La Fiscalía Anticorrupción de Sinaloa carece de autonomía plena, por ejemplo, ya que su titular depende de la Fiscalía General del Estado, y opera con un presupuesto limitado que afecta recursos materiales y financieros, como ya vimos. 

Su capital humano es insuficiente, con carencias de agentes especializados. En términos de procesos, su calificación es "deficiente", de acuerdo con el Observatorio Ciudadano Anticorrupción, lo que refleja problemas en la gestión y recepción de denuncias. En 2023, no logró avances significativos en judicialización ni sentencias condenatorias. 

Hoy que viene la discusión del proyecto de egresos para Sinaloa, valdría la pena que las y los diputados analicen la pertinencia de la Fiscalía Anticorrupción para llevarla a otro nivel.

Como dice el dicho, el interés se muestra en el presupuesto.