Es importante hablar de paz y cómo construirla. Aunque para ello también es importante conocer información y datos de porqué tenemos que hablar de ella. La pertinencia de hablar de paz se da por situaciones relevantes en materia de seguridad que han atravesado diversas ciudades, entre ellas la nuestra, como la situación que vivió Culiacán el 17 de octubre de 2019 con un cúmulo de delitos que nos hacen preguntarnos: Quién sanciona.

En ese memorable día fuimos testigos de actos de extrema violencia que se pueden tipificar como delitos, en pleno centro de la ciudad y a la luz del día, entre ellos podemos mencionar los siguientes:

• Homicidios
• Lesiones
• Robo de vehículo
• Extorsión
• Privación de la libertad
• Evasión de reos
• Amenazas
• Posesión y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército
• Daño en propiedad ajena
• Terrorismo
• Motín
• Ataques a las vías de comunicación
• Delincuencia organizada

Este denostable evento será sin duda un antes y un después en el pensar sobre la delincuencia de la sociedad culiacanense; el de ya no normalizar la violencia y el de tener la iniciativa de participar para que ya no vuelva a suceder.

En tema que aún no se ha tocado ni se ha mencionado ni por autoridades, ni en medios, ni por ningún articulista, sólo la mención del propio Fiscal General del Estado de Sinaloa en una entrevista, donde decía que todo acto violento sería investigado directamente por la Fiscalía General de la República tema de la justicia de competencia Federal.

Lo que tenemos después son todos estos delitos del fuero local y federal, como muy atinadamente dijo el Fiscal, son jurisdicción y competencia de la Fiscalía General de la República, quien tiene atracción por tener delitos de alto impacto tipificados en los ordenamientos federales, como el Código Penal Federal.

El sistema normativo de impartición de justicia en México se compone de Leyes y Códigos, Tratados y Convenciones Internacionales en la que el Estado Mexicano sea parte, es decir que esté suscrito y en las que se debe de acatar la aplicación de lo que constituye como bloque de supremacía constitucional y de convencionalidad respetando de esta manera el principio pro-persona como lo establece el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la que se debe de respetar los derechos humanos de todas las personas.

Del razonamiento jurídico sobre los hechos en mención, se advierten delitos concurrentes derivados de las acciones violentas realizadas por grupos de la delincuencia organizada.

Destacan delitos contra la seguridad de la nación, delitos contra la seguridad pública, delitos contra la paz y seguridad de las personas, delitos contra la vida y la integridad corporal, tipificados como graves y de alta peligrosidad como lo son:

Asimismo cabe señalar que el Instituto para la Economía y la Paz a través de su Índice Mundial de Terrorismo 2019 ha calificado a México en el lugar 48 en un total de 138 países, difundido a mediados del presente año 2019.

Quedará pendiente la nueva calificación que le otorguen después de los hechos suscitados posterior al multicitado día, ya que los medios de comunicación como el periódico El Debate de Culiacán difundieron que algunas empresas aseguradoras estaban considerando las acciones como terrorismo, para evadir no pagar las pólizas.

La situación del 17 de octubre de 2019 en Culiacán, Sinaloa más que un acto de vandalismo fue un acto terrorista, donde se atentó contra toda una población de alrededor de un millón de personas que se encontraban laborando, aportando a la economía formal que mueve la Entidad Federativa; es decir, la economía positiva.

Con estas acciones se estuvo colapsando instituciones gubernamentales, alterando la vida cotidiana y dejando expuesto al municipio a nivel internacional, poniendo los reflectores en una ciudad en la cual se trabajaba por la paz, ya que el estigma al que se ha enfrentado el Estado de Sinaloa había trascendido como violento.

Por esa situación que todos y todas merecemos, como lo es vivir en paz y con seguridad por el bien de las familias, atrayendo al turismo, en un engranaje de personas que mueven y viven de esa economía formal necesaria, en hoteles, restaurantes, comercios, etc. dejando ver una sociedad a la cual nadie quiere pertenecer.

Por la que convocamos a trabajar para erradicar la narcocultura, donde simples canciones pueden guiar hacia la esperanza de sociedades de paz, si vamos a convocar a cientos de jóvenes sea para educarlos y capacitar sobre derechos humanos para que conozcan las consecuencias en la impartición de justicia, cuidando el Estado de Derecho que impera en una democracia en la cual se somete la República a la que pertenecemos.

Recordemos, a nadie conviene situaciones adversas porque merecemos que las familias sinaloenses vivan en armonía, tranquilidad y en esa paz tan anhelada, la cual intentamos construir hombres y mujeres de bien, obligando a tomar decisiones fuera de lo legal optando por una decisión necesaria por el bien de toda la comunidad Culiacanense.

Miramos arder vehículos, mismos que fueron robados, no les importó lastimar niñas, niños, personas adultas mayores, mujeres, vulnerando a los más vulnerados, vivimos una lluvia de balas, de lumbre de muerte que no tenían derecho a violentarnos de esa forma tan vil a esa sociedad de bien a la cual quieren pertenecer los propios delincuentes.

Ya que las familias de quienes cometieron los atroces actos, reclamaban que se les respetaran sus derechos con el debido proceso en la impartición de justicia, siendo incongruentes al no respetar los derechos de las personas en el bien más preciado como es la vida, la libertad, libre tránsito, dignidad.

Sí, esa llamada dignidad a la cual todas las personas tenemos derecho, porque no es nada digno que nos escondamos, que vivamos en un marco de violencia que el terror invade a hombres y mujeres, incluso a la familia de ellos mismos, hecho que toda una sociedad repudiamos y exigimos actos de no repetición.

No queremos a nuestros ciudadanos presos, queremos a ciudadanos que construyan una sociedad de paz, no queremos ciudadanos con autogobierno porque después no podremos garantizarles en tiempos de guerra no sean flagelados en la vía pública al utilizar el uso de la fuerza mínima necesaria con la seguridad del Estado para someterlos, legitimando dicho sometimiento para garantizar la cultura de la legalidad a la cual estamos obligados.

Situación que merece ser contemplada en el próximo Plan Nacional en materia de derechos humanos, así como involucrar a organismos internacionales en la implementación de mecanismos de impunidad, a través de Cortes Penales Internacionales.

Cabría cuestionarse entonces ¿Quién sanciona?

Colaboración de Lic. Rosa Elvira Jacobo Lara. Construyendo Espacios para la Paz.