Porque baja la perspectiva de la calificación de México según Moodys.
Moody's Ratings cambió hoy la perspectiva de las calificaciones del Gobierno de México de estable a negativa y afirmó las calificaciones de emisor.
Nueva York, 14 de noviembre de 2024 --
Moody's Ratings cambió hoy la perspectiva de las calificaciones del Gobierno de México de estable a negativa y afirmó las calificaciones de emisor.
El cambio de perspectiva se debe a nuestra opinión de un debilitamiento de la formulación de políticas y del entorno institucional que corre el riesgo de socavar los resultados fiscales y económicos.
El deterioro de la asequibilidad de la deuda y una mayor rigidez del gasto público dificultan la consolidación fiscal, tras la ampliación del déficit público este año, lo que supone una desviación de un historial de larga data de déficits bajos independientemente de las presiones económicas.
Al mismo tiempo, la reforma constitucional corre el riesgo de erosionar los controles y contrapesos del sistema judicial del país, con un potencial impacto negativo en la solidez económica y fiscal de México.
Por último, consideramos que existe una mayor probabilidad de que los pasivos contingentes derivados de Petróleos Mexicanos (PEMEX, B3 negativo) puedan materializarse en el balance del gobierno, sin que al mismo tiempo se restablezca la sostenibilidad de la deuda a largo plazo de PEMEX y, por lo tanto, se mantengan los riesgos fiscales para el gobierno.
La afirmación de la calificación refleja nuestra opinión de que el perfil crediticio de México continúa beneficiándose de una sólida fortaleza económica que seguirá estando respaldada por la diversidad de la economía, así como por los beneficios potenciales de la deslocalización.
Los desequilibrios macroeconómicos modestos gracias a un historial de políticas fiscales y monetarias relativamente prudentes respaldan la calificación.
Los techos de las tasas de interés en moneda local (ML) y moneda extranjera (ME) de México se mantienen sin cambios en A1.
La brecha de cuatro niveles entre el techo de la moneda local y la calificación de emisor refleja el papel moderado del gobierno en la economía, un historial de formulación de políticas macroeconómicas predecibles y confiables, riesgos políticos moderados y bajos riesgos de vulnerabilidad externa.
La falta de una brecha entre los techos de la moneda local y la moneda extranjera refleja la ausencia de riesgos de transferencia y convertibilidad, anclados en un historial de instituciones económicas sólidas que respaldan la convertibilidad de la moneda y las cuentas de capital abiertas.
FUNDAMENTO DE LAS CALIFICACIONES
FUNDAMENTO DE LA PERSPECTIVA NEGATIVA
El gobierno ha aprobado reformas al marco institucional del país, incluido el poder judicial, que tienen el potencial de alterar materialmente los controles y contrapesos y el entorno operativo empresarial en el país.
Si bien nuestra evaluación de la calidad de las instituciones en México ya es baja en comparación con sus pares calificadores, particularmente en lo que respecta al estado de derecho y el control de la corrupción, evaluaremos si un mayor deterioro en el marco de formulación de políticas y la independencia del sistema judicial podría limitar la capacidad del gobierno para abordar los crecientes desafíos crediticios.
En particular, a pesar del compromiso de las autoridades fiscales de reducir el déficit fiscal en los próximos años, consideramos que su capacidad para lograr una consolidación fiscal sustancial se verá limitada como consecuencia de una serie de reformas implementadas o anunciadas.
A su vez, más allá del debilitamiento en 2024-25 de las métricas de deuda soberana, la fortaleza fiscal podría disminuir más de lo que anticipamos actualmente y afectar el perfil crediticio de México.
La posición fiscal del gobierno se ha debilitado en 2024, ya que el déficit se amplió a más del 5% del PIB.
La capacidad de las autoridades para ajustar las cuentas fiscales está limitada por una estructura de gasto cada vez más rígida, una reducción de los colchones financieros y una base de ingresos estrecha.
Nuestra base de referencia actual considera que, después del desliz fiscal en 2024, el gobierno solo reducirá gradualmente el déficit en los próximos años.
En este escenario, la carga de deuda del gobierno general de México aumentará por encima del 45% del PIB en 2025 desde el 40% en 2023 y podría seguir aumentando hacia el 50% en 2027-28 si no se produce una consolidación más sustancial.
Si bien la carga de la deuda sigue siendo relativamente moderada, la asequibilidad de la deuda también se ha debilitado en los últimos años, con una relación interés/ingresos que alcanzó el 15% en 2023, en comparación con el 10% antes de la pandemia, y prevemos que se mantendrá entre el 15% y el 16% en los próximos años.
Si bien seguimos esperando que México se beneficie de las inversiones relacionadas con el nearshoring en los próximos años, las reformas constitucionales pueden minar la confianza de los inversionistas, lo que corre el riesgo de materializarse en una menor inversión y un crecimiento económico que no cumpla con nuestras expectativas de crecimiento a mediano plazo de alrededor del 2%.
Podrían surgir riesgos adicionales a la baja para la dinámica de la inversión antes de la revisión del Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) en 2026, en particular si las modificaciones a las reglas de origen del tratado, las especificaciones laborales y otras políticas comerciales estadounidenses hacia México cambiaran de manera tal que limitaran de manera duradera las exportaciones del país.
Un menor crecimiento económico y, en consecuencia, los ingresos del gobierno socavarían los esfuerzos de consolidación fiscal..
El nuevo gobierno también ha anunciado que introducirá una serie de reformas que podrían resultar en la codificación de algunos tipos de gasto dentro de la constitución, lo que podría llevar a un aumento del gasto obligatorio.
Otras medidas, incluida una transferencia universal para la vejez, podrían tener un efecto sobre los aumentos esperados en las pensiones en términos absolutos y en el presupuesto del gobierno.
Como las autoridades parecen más propensas a centrarse en la restricción del gasto para reducir el déficit, los compromisos de gasto adicionales reducen el alcance de una contención efectiva del gasto.
El gobierno también ha enfatizado que mantendrá su apoyo a PEMEX dados los desafíos de liquidez de la empresa, ya que sigue siendo un instrumento clave para su prioridad de política de soberanía energética.
Esperamos que el gobierno continúe proporcionando a la empresa recursos para cubrir sus obligaciones de amortización de deuda de manera oportuna. Sin embargo, existe una mayor probabilidad de que el soberano absorba parte o la totalidad de las obligaciones financieras de PEMEX.
Si bien la forma en que las autoridades pueden llevar a cabo esta transacción no está clara en este momento, puede resultar en un aumento adicional de la deuda y las cargas de intereses del gobierno federal.
Es importante destacar que, en el probable escenario de que el modelo de negocios de la empresa se mantenga relativamente sin cambios, prevemos que el apoyo del gobierno también deberá cubrir las crecientes necesidades de flujo de efectivo dadas las pérdidas recurrentes de PEMEX.
FUNDAMENTO DE LA AFIRMACIÓN EN Baa2
La fortaleza económica de México es comparativamente alta debido a la economía diversificada, capaz de recuperarse de grandes shocks.
Esto se equilibra con un crecimiento a largo plazo relativamente moderado de alrededor del 2% durante las últimas tres décadas y nuestra expectativa de que continúe una tendencia similar.
Los cambios en curso en las cadenas de suministro globales y las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China han mejorado las perspectivas de que México se beneficie del proceso de nearshoring.
En los últimos dos años, ha habido grandes anuncios de inversión que, dependiendo de su implementación, tienen el potencial de impulsar el desempeño de crecimiento de la economía mexicana en los próximos años.
La ubicación geográfica de México, junto al enorme mercado estadounidense, sus vínculos comerciales y financieros de larga data y los costos laborales aún favorables son algunos de los factores que apoyan la reubicación de las cadenas de suministro en el país, a pesar de los riesgos mencionados anteriormente que podrían limitar el lado positivo del proceso de nearshoring.
La larga trayectoria de México en materia de políticas prudentes relacionadas con cuestiones fiscales y monetarias contribuye a una relativa ausencia de desequilibrios macroeconómicos que podrían exacerbar el impacto crediticio de futuros shocks, otra fuente de fortaleza crediticia.
Históricamente, la eficacia de las instituciones encargadas de la formulación de políticas ha representado un contrapeso a un marco institucional relativamente débil.
Si bien México no está exento de enfrentar shocks inflacionarios, el banco central se beneficia de un grado relativamente alto de credibilidad, como lo ejemplifican las expectativas de inflación ancladas.
La susceptibilidad de México a los riesgos externos o del sector bancario también es baja.
El país tiene un marco regulatorio sólido y el sistema bancario es comparativamente fuerte y actualmente enfrenta condiciones favorables.
Mientras tanto, los riesgos externos se mitigan mediante un déficit de cuenta corriente financiado principalmente por IED, un tipo de cambio flotante y grandes reservas de divisas.
CONSIDERACIONES AMBIENTALES, SOCIALES Y DE GOBERNANZA
La calificación de impacto crediticio de México de CIS-3 refleja mayores riesgos sociales, derivados principalmente de preocupaciones de salud y seguridad, mitigados en parte por la capacidad financiera e institucional para responder a ellos, aunque existen riesgos a la baja para estos últimos.
La exposición de México a los riesgos ambientales de E-3 se relaciona con la vulnerabilidad del país a los riesgos climáticos físicos, como las condiciones climáticas extremas, que podrían afectar potencialmente la estabilidad financiera de sus gobiernos subnacionales.
Estos efectos podrían verse a través de una disminución del turismo, así como del aumento del gasto en socorro y preparación ante desastres.
Sin embargo, el impacto a nivel soberano se mitiga en cierta medida debido al tamaño y la diversidad de la economía de México.
Además, la interconexión entre el gobierno y la empresa petrolera estatal expone a México a riesgos de transición de carbono en el mediano y largo plazo.
La exposición de México a los riesgos sociales es S-4, lo que refleja desafíos materiales relacionados con la salud y la seguridad.
Durante más de una década, la creciente violencia ha amenazado la seguridad física de varios estados del país.
Esto ha socavado las condiciones de seguridad en todo el país, afectando el entorno operativo e imponiendo costos económicos adicionales para las inversiones en México.
Además, el país enfrenta desafíos moderados en la prestación y el mantenimiento de la calidad de servicios esenciales como la educación y la vivienda.
En las próximas décadas, también se espera que México enfrente riesgos adicionales asociados con el envejecimiento de la población.
El perfil de gobierno de México como emisor tiene una calificación G-3.
El gobierno mexicano ha demostrado consistentemente una formulación eficaz de políticas fiscales y monetarias.
Sin embargo, el reciente deterioro del proceso de toma de decisiones ha dado lugar a políticas económicas que afectan negativamente las perspectivas de inversión y restringen la capacidad del gobierno para responder a los shocks económicos.
A pesar de estos desafíos, la fortaleza de instituciones clave como el banco central sigue apuntalando la estabilidad macroeconómica.
Por el contrario, México ha recibido consistentemente calificaciones bajas en factores institucionales durante varias décadas, y el control de la corrupción y el estado de derecho han surgido como sus áreas de debilidad más significativas.
PIB per cápita (en base PPA, USD): 24,249 (2023) (también conocido como Ingreso per cápita)
Crecimiento del PIB real (variación porcentual): 3.2 % (2023) (también conocido como Crecimiento del PIB)
Tasa de inflación (IPC, variación porcentual dic./dic.): 4.7 % (2023)
Saldo financiero del gobierno general/PIB: -3.6 % (2023) (también conocido como Saldo fiscal)
Saldo de cuenta corriente/PIB: -0.3 % (2023) (también conocido como Saldo externo)
Deuda externa/PIB: 38.6 % (2023)
Resistencia económica: baa2
Historial de incumplimientos: No se han registrado eventos de incumplimiento (en bonos o préstamos) desde 1983.
El 11 de noviembre de 2024, se convocó a un comité de calificación para analizar la calificación del Gobierno de México.
Los principales puntos planteados durante la discusión fueron:
La solidez institucional y de gobernanza del emisor ha disminuido significativamente.
La solidez fiscal o financiera del emisor, incluyendo su perfil de deuda, ha disminuido significativamente.
FACTORES QUE PODRÍAN LLEVAR A UNA SUBIDA O BAJA DE LAS CALIFICACIONES
Dada la perspectiva negativa, es poco probable una subida.
La perspectiva podría volver a estable si evaluáramos que los esfuerzos de consolidación fiscal de las autoridades probablemente contribuyan a una rápida estabilización de la carga de la deuda y a una mejora en las métricas de asequibilidad de la deuda incluso en el contexto de condiciones económicas y financieras más difíciles.
Dada la mayor probabilidad de que los pasivos contingentes derivados de PEMEX se materialicen en el balance del gobierno, una estabilización de la perspectiva sería consistente con nuestra evaluación de que el impacto del apoyo del soberano a la empresa no exacerbará un potencial debilitamiento de su solidez fiscal más allá de nuestras expectativas actuales y, lo que es más importante, que la situación financiera de la empresa mejore significativamente para reducir su dependencia del apoyo del gobierno en los próximos años.
Una desviación continua de un historial de gestión prudente de la política fiscal que socave la eficacia y credibilidad de la formulación de políticas macroeconómicas conduciría a una presión a la baja sobre la calificación.
En relación con esto, la presión a la baja sobre la calificación surgiría si los indicadores de deuda pública y asequibilidad de la deuda empeoraran significativamente debido a déficits fiscales más amplios de lo esperado o la materialización de pasivos contingentes.
Dada la capacidad fiscal más limitada de México para responder a los shocks, las posibles perturbaciones económicas –incluidos los cambios en las relaciones comerciales con los Estados Unidos– podrían contribuir a un debilitamiento de su perfil crediticio.
En términos más generales, las indicaciones de que el crecimiento a mediano plazo será menor de lo que actualmente esperamos en el contexto del empeoramiento de las condiciones regulatorias y de inversión también ejercerían presión a la baja sobre la calificación.