CÓMO DISMINUIR LOS ASESINATOS Y CRÍMENES VIOLENTOS

En la carrera por convertirse en el próximo presidente de México, los candidatos opositores Xóchitl Gálvez (PAN-PRI-PRD) y Jorge Álvarez Máynez (Movimiento Ciudadano) decidieron lanzar sus campañas oficiales el 1 de marzo en dos lugares marcados por el crimen, poderosos símbolos de la actual batalla del país contra la violencia.

Gálvez realizó su primer acto de campaña en Fresnillo, Zacatecas, la ciudad con peor ranking en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Ciudadana de 2023, donde el 96.4% de los habitantes reportaron sentirse inseguros. Máynez inauguró en Lagos de Moreno, Jalisco, un encantador pueblo mágico que llegó a los titulares nacionales el verano pasado cuando cinco jóvenes fueron secuestrados después de salir de una feria. Poco después circuló un vídeo espantoso que mostraba su tortura y asesinato; sus restos nunca han sido encontrados, aunque al menos 10 han sido detenidos en el caso.

Mientras tanto, Claudia Sheinbaum (Morena), la favorita y ex alcaldesa de la Ciudad de México, eligió el enorme Zócalo de la ciudad para su lanzamiento, un símbolo del apoyo popular a la “cuarta transformación” del presidente López Obrador, y muy alejada de las más violentos puntos calientes del país hoy en día.

En las semanas posteriores, la conversación nacional ha seguido girando en torno al dolorosamente familiar tema de la delincuencia en México y qué hacer al respecto. Los candidatos presentaron sus propuestas de seguridad, y el 11 de marzo, los tres candidatos respaldaron un “Compromiso por la Paz” de 100 puntos presentado por los obispos de México, aunque Sheinbaum expresó reservas, señalando su desacuerdo con la evaluación pesimista del momento actual del documento. 

Mientras tanto, las sombrías predicciones de una campaña sangrienta que conducirá a las elecciones más importantes en la historia de México ya han comenzado a hacerse realidad.

La candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaytán, fue asesinada a tiros el 2 de abril, y apenas la semana pasada, otro candidato a la alcaldía de Morelos fue atacado pero ileso. El asesinato de Gaytán eleva la cifra a 51 políticos asesinados desde junio de 2023. Sólo en marzo, cinco candidatos a cargos públicos fueron asesinados. Un informe de Integralia registró 300 incidentes de “violencia política” entre el 1 de septiembre de 2023 y el 1 de abril, con el 73% de los ataques dirigidos a políticos de nivel municipal.

Los líderes católicos de México señalaron al presentar su plan de paz que su propio “punto de inflexión” fue el asesinato de dos sacerdotes jesuitas en Cerocahui, Chihuahua, en julio de 2022, a manos de un jefe criminal local. En ese momento, otro sacerdote de la zona lamentó que “los abrazos no alcanzan para tapar las heridas de bala”.

Gálvez ha jugado con el eslogan, diciendo que bajo su liderazgo no habrá “más abrazos para delincuentes” y promete un “México sin miedo”, mientras que Sheinbaum ha refutado que los “abrazos” están destinados a jóvenes en situación de riesgo, no a delincuentes.

Sheinbaum ha abogado por ampliar los programas sociales que aborden las causas fundamentales del crimen y dice que planea ampliar los resultados positivos logrados durante su mandato en la Ciudad de México, mientras que Gálvez planteó la idea de construir “mega” cárceles de máxima seguridad, aumentando dramáticamente la tamaño de la Guardia Nacional y ha dicho que quiere “Yucatanizar” el país. Yucatán es el estado con la tasa de homicidios más baja de México, y tiene un gobernador panista, Mauricio Vila.

Hoy en día, en demasiadas zonas de México existe la misma falta de capacidad para hacer cumplir la ley, la misma indiferencia de las autoridades y estallidos repentinos de violencia de represalia, a menudo administrada por los militares.

Muchos académicos, periodistas e historiadores han analizado la tormenta perfecta de circunstancias que convergieron en la elección de Felipe Calderón en 2006 y su declaración de guerra. De hecho, como observó Benjamin T. Smith, autor de “The Dope” –una historia esencial del narcotráfico mexicano– sobre el aumento de la investigación sobre este tema: “Parece que la prohibición de las drogas ha generado otra industria más”.

En el momento del despliegue militar de Calderón, las batallas por el control de las redes de protección ya habían comenzado a calentarse. No sólo fueron asesinados funcionarios locales y civiles, también fueron asesinados periodistas. El monopolio de la información bajo el PRI había servido como una forma perversa de protección: ahora que eran libres de informar sobre el nexo entre el Estado y el crimen organizado, había que silenciarlos.

El enfrentamiento militar con los cárteles iniciado en 2006 atomizó aún más a estos grupos criminales y todas las métricas (desde el secuestro hasta la desaparición forzada, la extorsión y el homicidio) se dispararon. 

Si bien la represión de Calderón ha añadido presión sobre las organizaciones narcotraficantes], también ha

tuvo algunas consecuencias no deseadas. Por ejemplo, la eliminación del liderazgo ha permitido que personal menos experimentado e indisciplinado llenar el vacío de liderazgo, contribuyendo al aumento de los asesinatos relacionados con las drogas.

Un avance rápido hasta la victoria de AMLO en 2018 y la entrada de “abrazos, no balazos”.

El consenso casi reflexivo de los medios críticos y de los observadores internacionales hoy es que esta política ha significado no sólo una retirada de la confrontación con los criminales, sino una rendición. 

Sí, todavía hay soldados en las calles: en enero, se había desplegado en todo el país la sorprendente cifra de 280,455 miembros de la Guardia Nacional y militares. Todavía hay grandes redadas de drogas y algunas capturas de cabecillas notorios de alto perfil, todo lo cual parece mostrar más continuidad que cambio en la política de seguridad nacional.

Sería, en el mejor de los casos, ingenuo culpar a la estrategia de no confrontación del presidente por la infiltración del crimen organizado, considerando que ésta ha sido una característica endémica de la vida política mexicana durante décadas. 

Si bien el mandato de AMLO va camino de ser el peor número registrado de homicidios totales, él y otros políticos de Morena señalan una disminución (en febrero hubo un 25% menos de asesinatos en todo el país que el pico de julio de 2018).

La percepción de los ciudadanos sobre la seguridad pública también ha mostrado una marcada mejora. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) publicada en diciembre encontró que el 59% de los mexicanos describió sus ciudades como inseguras, el porcentaje más bajo registrado desde que se realizó la primera encuesta en 2013.

Por supuesto, medir las tasas de homicidio y encuestar a los ciudadanos no son las únicas herramientas para evaluar la política de seguridad, ni tampoco las más predictivas. De hecho, hubo un período anterior de descenso de los homicidios (2011-2015) antes de que la violencia estallara hasta alcanzar niveles máximos al final del mandato de Peña Nieto en 2018.

Los datos del gobierno muestran que otros delitos violentos también han disminuido (secuestro, robo a mano armada) a nivel nacional durante el mandato de AMLO, pero la extorsión ha aumentado en promedio un 26% anual entre 2018 y 2023, convirtiéndose en el tercer delito más común. en todo el país (tras atracos y fraudes).

Dado que la extorsión es un delito notoriamente poco denunciado (sólo el 11% de los incidentes se denuncian según algunos datos gubernamentales), este aumento en las cifras oficiales es una señal de mejores mecanismos para denunciarlo o un indicador inquietante de cuán extendido es el crimen.

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